Tesis: Este artículo analiza cómo la xenofobia y la discriminación estructural en México afectan la seguridad y el acceso a la justicia de los migrantes, especialmente varones jóvenes provenientes de Latinoamérica, mediante un estudio de caso y el contraste entre discurso institucional y realidad cotidiana.
Durante 2019 se registraron 976 feminicidios en México, lo que equivale a tres mujeres asesinadas cada día por razones de género. Frente a esta realidad, el 9 de marzo se convoca a un paro nacional bajo el lema “Un día sin nosotras”, como una respuesta colectiva que trasciende ideologías y exige justicia. La fuerza del movimiento feminista crece. Casos como el de Ingrid Escamilla o la pequeña Fátima nos recuerdan que la lucha por la dignidad no admite indiferencia.
Pero mientras el país se moviliza —con justa razón— ante la violencia de género, otra forma de violencia permanece silenciada: la que afecta a hombres, sobre todo si son jóvenes, pobres o extranjeros. En México, los varones representan el 95% de la población penitenciaria y la mayoría de las víctimas de homicidio. Y cuando esos hombres son además migrantes o extranjeros, su muerte parece tener aún menos eco público. La xenofobia, el racismo institucional y el clasismo sin duda, siguen operando como filtros selectivos de la compasión y de la justicia.
CASO CENTRAL: RAFAEL FERNÁNDES
Uno de esos casos silenciados es el de Rafael Fernándes Herrera, un empresario venezolano de 29 años que vivía en México manejando su propio bar. Un padre soltero que fue asesinado a sangre fría por un guardia de seguridad de Sam’s Club tras un altercado absurdo por la verificación de un ticket de compra.
El incidente ocurrió la noche del 9 de febrero en la sucursal ubicada en el cruce de Dr. R. Michel y Salvador López Chávez, en la colonia San Carlos. Rafael había hecho una compra grande —cuatro carritos llenos de mercancía— en compañía de su padre y su hijo pequeño. Cuando salían, no había personal que revisara el ticket, lo que generó una discusión. Según los reportes, el guardia se comportó de forma violenta y grosera. Rafael se molestó. Hubo un forcejeo. Luego, un disparo. La bala impactó en su pecho. Murió horas después en un hospital privado.
La tragedia no terminó allí. El guardia fue liberado 48 horas después del acto cometido, aunque la Fiscalía aseguró que el caso seguiría bajo investigación y reservas de la ley, lo que implica que el señalado todavía podría ser llamado a cuentas. El cuerpo de Rafael fue entregado a su familia ocho días después, tras un proceso legal tortuoso.
Sin duda, este tipo de tragedias nos hacen incitan en nosotros cuestionamientos perfectamente lógicos. ¿Qué tipo de capacitación reciben los guardias de seguridad? ¿Qué protocolos siguen empresas como Sam’s Club? ¿Por qué se normaliza la sospecha sobre hombres extranjeros, como si ser migrante implicara ser delincuente?
Rafael no era un desconocido para el país: hablaba como mexicano, vivía como mexicano, amaba profundamente esta tierra. Sin embargo, el día que fue atacado, nadie lo defendió. Su padre, Armando, sigue esperando justicia. Pero, en un país donde el acceso a la justicia para migrantes parece más una excepción que una norma, esa espera podría durar eternamente.
XENOFOBIA EN MÉXICO: UNA HERIDA ABIERTA
“Me sentí demasiado humillado, dolido avergonzado, (...) ¿Nada más porque él era venezolano? Hay una xenofobia contra los venezolanos aquí en México”, declaró Armando Fernándes Dos Santos, padre de Rafael.
En efecto, México tampoco es ajeno a la xenofobia. Frases como “primero los nuestros”, “no hay trabajo para todos”, o “van a traer más violencia” revelan una discriminación latente. Incluso organizaciones como el Movimiento Nacionalista Mexicano han promovido discursos excluyentes sin sustento. Nacionalismo por nacionalismo, tal como ocurre en Estados Unidos.
Una encuesta de Parametría (2019) reveló que el 48% de los mexicanos rechaza la entrada de extranjeros centroamericanos, y considera que no es responsabilidad de México protegerlos.
Un patrón de exclusión y desprotección
Este caso no es aislado. Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), las muertes de extranjeros centroamericanos han aumentado más de un 12% en México. De un total de 258 carpetas de investigación relacionadas con homicidios, apenas tres han sido judicializadas. El resto, aunque abiertas desde 2019 o incluso antes, siguen en un limbo procesal que contribuye al olvido institucional.
Un informe reciente de la propia FGR confirma que solo el 1% de los delitos cometidos contra extranjeros centroamericanos y migrantes han sido llevados ante un juez. Mientras tanto, académicos y activistas denuncian que estos migrantes —aunque estén legalmente establecidos o contribuyan a la economía nacional— se enfrentan tanto a grupos delictivos como a funcionarios corruptos o negligentes. El riesgo es doble: la violencia directa y la omisión estructural.
La discriminación institucional hacia los extranjeros, particularmente centroamericanos, se manifiesta en prácticas sistemáticas de exclusión, estigmatización, impunidad y falta de protección legal. El discurso oficial puede prometer respeto, pero la práctica muestra otra realidad. Podríamos señalar con certeza, la existencia de una “expulsión sistémica” de ciertos grupos sociales en el país, en este caso no solo por razones económicas, sino por estereotipos asociados a la nacionalidad y condición migratoria.
Contradicciones en la política migratoria mexicana
Este año 2020, los legisladores de Morena, PAN, PRI y MC firmaron una carta conjunta en la que afirman que “no se debe exponer a los extranjeros a situaciones de peligro como la clandestinidad, la irregularidad y el olvido”, comprometiéndose a trabajar por normas que garanticen igualdad de derechos. Sin embargo, desde 2019, la política migratoria del gobierno federal ha sido criticada por sectores de la oposición y organizaciones civiles por promover prácticas de contención, detención y criminalización, que profundizan la vulnerabilidad de los migrantes.
Paradójicamente, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ha exigido a Estados Unidos que combata la xenofobia hacia mexicanos y latinos —como en su condena al tiroteo en El Paso, Texas—, México reproduce en casa prácticas discriminatorias hacia migrantes de otros países.
Incluso figuras clave del oficialismo, como el exdiputado Porfirio Muñoz Ledo, han denunciado que México “se está convirtiendo en un muro” que frena y descarta a quienes buscan una vida mejor. Su propuesta: permitir el libre paso de migrantes productivos que aporten a la economía nacional. Aunque su visión puede ser debatida, plantea un punto crucial: la necesidad de romper con la doble moral en materia de derechos humanos y migración.
Apesar de que el Senado de la República ha reconocido públicamente la necesidad de proteger a las personas migrantes y combatir la discriminación por nacionalidad, los hechos cotidianos parecen desafiar esos compromisos. En su Pronunciamiento de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, emitido el 5 de febrero de 2020, se declara que “es urgente promover una cultura del respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y combatir toda forma de xenofobia o criminalización”. Sin embargo, casos como el de Rafael Fernándes Herrera —un joven venezolano víctima de un asesinato a sangre fría y de lo que parece haber sido una cadena de omisiones e indiferencia institucional para su familia — evidencian una brecha dolorosa entre el discurso oficial y la realidad práctica.
El Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) han reconocido públicamente que “la xenofobia no puede tener cabida en las respuestas de nuestra sociedad”. En un comunicado conjunto, insistieron en que los migrantes deben dejar de ser percibidos como amenazas, pues muchos de ellos huyen de contextos violentos y buscan seguridad.
El Gobierno de México ha señalado el reto que es trabajar con agencias de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil para mejorar las condiciones de las comunidades de acogida de extranjeros del sur principalmente. El número de solicitantes de refugio en México se disparó el año pasado a más de 70.400 personas desde las 29.600 en 2018, un crecimiento de 137 por ciento, ante mayores restricciones migratorias en Estados Unidos y un aumento del flujo migratorio por territorio mexicano, según datos oficiales.
Está más que claro que nuestro país debe tomar en serio su papel como país de acogida y tránsito. No basta con colaborar con agencias de la ONU o prometer reformas legislativas: hace falta una transformación profunda en la cultura institucional, la práctica jurídica y la percepción social hacia las personas migrantes.
Aunque el feminicidio es una problemática real y alarmante, con tasas de 3 por cada 100,000 mujeres, el 89.5% de los homicidios en México son contra hombres jóvenes entre 15 y 29 años. Y cuando esos hombres son además migrantes o extranjeros, su muerte parece tener aún menos eco público. La xenofobia, el racismo institucional y el clasismo operan como filtros selectivos de la compasión y de la justicia.
En una sociedad que presume hospitalidad, el caso de Rafael interpela profundamente nuestra narrativa nacional. ¿Podemos seguir repitiendo que “México es tierra de acogida” cuando las estadísticas y las omisiones nos contradicen? ¿Podemos exigir respeto en el extranjero mientras vulneramos los derechos de quienes vienen de fuera? Sin embargo, su muerte es frecuentemente ignorada, como si hubieran sido culpables de su destino por anticipado.
Este caso debería dolernos tanto como el de cualquier mexicano asesinado injustamente. Debería indignarnos no solo por la violencia cometida, sino por la indiferencia institucional y social que le siguió. Porque si normalizamos que haya muertes "olvidables", si justificamos el asesinato de un empresario por un malentendido con un ticket, si la nacionalidad de una víctima se convierte en argumento de sospecha, entonces no solo perdemos vidas: perdemos humanidad.
Rafael amaba México. Su padre recuerda que solía decirle: “Me siento muy bien aquí, me ha ido muy bien”. Pero México no le correspondió con la misma lealtad. México no puede exigir respeto afuera mientras no garantice justicia adentro. Rafael Fernándes Herrera no era un delincuente. Era un padre, un hijo, un emprendedor. Su historia no debe quedar en el olvido. Es una advertencia, una llamada de atención y, sobre todo, una exigencia de justicia.
Multiculturalidad, migración y manipulación política: repensar la cohesión social en tiempos de incertidumbre
La multiculturalidad es una realidad creciente e innegable en nuestras sociedades globalizadas. Sin embargo, lejos de ser entendida como una riqueza, muchas veces se convierte en blanco de discursos hostiles, especialmente en contextos donde resurgen líderes autoritarios de corte estatista y nacionalista especialmente en países de corte ultra-derechista. Estos actores políticos, además de buscar votos, recurren con frecuencia al discurso del odio contra los inmigrantes para distraer a la población de los problemas de fondo: desigualdad económica, falta de acceso a servicios públicos de calidad, inseguridad, corrupción y oportunidades laborales limitadas. Al centrar el debate en la figura del “otro”, del “enemigo externo”, desvían estratégicamente la atención de los verdaderos desafíos estructurales que afectan a todos sus ciudadanos.
En este marco, los inmigrantes se convierten en chivos expiatorios. Se les responsabiliza del deterioro social cuando, en realidad, son ellos quienes muchas veces llegan a nuestros países con el anhelo legítimo de buscar una vida más digna a través del emprendurismo. Sin embargo, estas retóricas alimentan el miedo, la división y la polarización, y al mismo tiempo, deja a los migrantes expuestos y vulnerables frente a contextos ya marcados por la inseguridad y la injusticia. Lo paradójico —y preocupante— es que mientras se invierte energía política en rechazar al extranjero, se elude la responsabilidad de transformar aquellas condiciones internas que afectan a todos, nacionales y migrantes por igual.
No obstante, la migración —cuando es regulada, planificada e integrada con inteligencia— puede ser una poderosa herramienta de desarrollo. Muchos migrantes llegan con espíritu emprendedor, capacidad de trabajo y valores compatibles con el país que los recibe. En lugar de verlos como una carga, podrían ser considerados aliados en la construcción de un tejido económico más dinámico y una sociedad más diversa, innovadora y resiliente. Esta visión, basada en la cooperación, se alinea con los principios de libertad y responsabilidad que han impulsado las grandes transformaciones humanas a lo largo de la historia.
La xenofobia, por el contrario, es incompatible con la libertad. La verdadera cohesión social no se edifica sobre la homogeneidad, sino sobre la adhesión voluntaria a valores compartidos: dignidad, justicia, respeto, paz. La historia demuestra que la cooperación humana ha trascendido constantemente las fronteras geográficas, étnicas o religiosas cuando existían principios e intereses comunes. En un mundo interconectado, estos valores compartidos son más importantes que nunca para enfrentar retos colectivos como la pobreza, la violencia, la crisis climática y la erosión de las instituciones democráticas.
Urge, por tanto, que como ciudadanos dejemos de ver la multiculturalidad como un “problema que gestionar” y comencemos a comprenderla como una oportunidad para crecer juntos. Es indispensable promover un marco de justicia donde las circunstancias de nadie sean minimizadas ni invisibilizadas. Solo así podremos frenar los discursos de odio, resistir la manipulación política basada en el miedo y avanzar hacia una sociedad verdaderamente libre, justa, cohesionada y sin impunidad. Porque proteger la dignidad de cada ser humano —sin importar su lugar de origen— es, en esencia, proteger la dignidad de todos.
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